[ p r o t e r r a ]

Antes de que no exista más.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, aprobó la ley que concede títulos de propiedad a quiénes han estado viviendo ilegalmente en el Amazonas durante años. A lo Me*em, Lula privatizó gran parte del bosque (en su mayoría a Francia) para fomentar el cultivo de soja y la cría de ganado.

Además, la ley indica que los nuevos dueños del Amazonas, podrán contar con hasta 1.500 hectáreas para explotarlas "a gusto y piacere", y las parcelas más pequeñas serán otorgadas gratuitamente.

Tras las interminables quejas por parte de la oposición y de los principales grupos ambientalistas, el Gobierno brasilero adjudicó que esta medida fue tomada para dar “seguridad jurídica y permitir que la explotación se realice sin tener que pagar multas o ser desplazados de esas tierras”.

Uno de los puntos más polémicos de la ley es que los beneficiarios de la medida podrán vender su propiedad 3 años después de adquiridas.

Creo que estamos de acuerdo si decimos que lo único que está promoviendo Lula, es la deforestación indiscriminada.

Después de un año de su sanción y de la lucha de un millón y medio de argentinos que manifestaron la necesidad de la Ley de Bosques, se logró dar un paso fundamental para la defensa de nuestro patrimonio natural.

La reglamentación firmada es vital para salvar los últimos bosques nativos (así llamados por haber "nacido" de forma natural, sin intervención del hombre) que nos quedan. Desastres ambientales como los de Tartagal, provincia de Salta, demuestran lo que se viene advirtiendo desde hace años. La deforestación indiscriminada destruye la biodiversidad, deja desprotegidos nuestros suelos y altera la regulación natural de las cuencas de nuestros ríos. El valor de los bosques nativos es enorme.

A partir de ahora es necesario que las provincias apliquen correctamente la Ley de Bosques para superar la emergencia forestal en la que nos encontramos.

Básicamente, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece que las provincias delegan a la Nación la facultad de establecer los presupuestos mínimos para el mantenimiento y la conservación del medio ambiente y, en particular, de los recursos forestales nativos.

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