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En Ituzaingó Anexo, una localidad de la Capital de la provincia de Córdoba, la fumigación de soja envenenó a un barrio entero. Cada una de las familias tiene, al menos, un integrante enfermo de cáncer, situación que adjudicaron a grandes cantidades de agroquímicos que encontraron en sus propios patios, producto de la fumigación de plantaciones de soja vecinas.

Hacía ya diez años que venían reclamando y quejándose de la acción (y reacción) de estos químicos, pero recién el 30 de diciembre pasado, la Justicia reconocío que tienen razón, por lo que este procedimiento se declaró delito penal, bajo la figura "contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud". La ley impide el uso de agroquímicos a menos de 500 metros de zonas urbanas, y a menos de 1.500 si la fumigación es aérea.

La principal acusación es contra los dos agrotóxicos pilares de la industria sojera: el glifosato (según la empresa fumigadora, no es nocivo para el hombre) y el endosulfán (un poderoso insecticida). Según la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN), formada por 600 organizaciones de 90 países, los efectos de estos productos incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas en la piel, la vista, el oído y las vías respiratorias.

Las llamadas "Madres de Ituzaingó", un grupo de mujeres que desde hace diez años denuncia el accionar de los productores sojeros de la zona, asegura que de los 5.000 habitantes del barrio, unos 200 sufren algún tipo de cáncer, sobre todo de mama, estómago, garganta y leucemia.

Fuente: www.infobae.com